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Persecución judicial en contra de 31 científicos

 




A través de la Fiscalía General de la República (FGR) a su cargo, solicitó a un juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 El Altiplano una orden de aprehensión en contra de 31 científicos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, la comunidad académica ha manifestado su indignación y solicita a la fiscalía que desista de la acción penal.

 

Pese a que el juez no concedió la orden de aprehensión solicitada pero dio a la FGR un plazo de 15 días para sustentarla, la protesta se desencadenó en la red. El primer acto fue la petición de firmas a través de la plataforma change.org, denominada “Exigimos el fin a la persecución en contra de miembros de la comunidad científica”, y que hasta el cierre de esta edición llevaba 7,203 firmas. En ella se indica que la forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el fiscal general está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de perseguir a quienes ejercieron sus funciones con base en la normatividad entonces vigente que se guiaba por una concepción distinta sobre el desarrollo científico y tecnológico del país.


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