Alejandro Armenta destaca avance histórico de la “3 de 3 contra la violencia”

 

El senador poblano afirma que la vida pública debe cerrarse a quienes hayan sido sentenciados por violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

Por Miguel Ángel Cordero

Ciudad de México.— La aprobación de la reforma constitucional conocida como “3 de 3 contra la violencia” marca un avance en la protección de los derechos políticos de las mujeres y en la construcción de instituciones con mayores condiciones de integridad, afirmó el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier.

El legislador poblano se pronunció este 9 de mayo a favor de las modificaciones aprobadas por el Congreso, mediante las cuales se establecen impedimentos para que personas con sentencia firme por determinados actos de violencia o por incumplimiento de obligaciones alimentarias puedan ocupar cargos públicos.

Armenta explicó que la representación política implica una responsabilidad ética frente a la ciudadanía, por lo que quienes aspiren a ejercer funciones públicas deben acreditar una conducta compatible con los principios de legalidad, respeto y protección de los derechos humanos.

El presidente de la Cámara alta señaló que la reforma también responde a una demanda sostenida por colectivas, organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladoras que han trabajado para erradicar las distintas expresiones de violencia contra las mujeres.

Durante un reconocimiento a mujeres destacadas de Puebla, el senador sostuvo que la igualdad sustantiva requiere acciones legales concretas y no únicamente discursos, especialmente cuando se trata de garantizar la participación de las mujeres en condiciones libres de violencia.

Armenta reconoció que la vida política mexicana ha experimentado importantes transformaciones con el aumento de la representación femenina en los congresos, los gobiernos y las instituciones, pero advirtió que todavía persisten obstáculos que limitan el ejercicio pleno de sus derechos.

El legislador añadió que impedir el acceso a cargos públicos a personas sancionadas por violencia representa una medida de protección social y un mensaje claro sobre los principios que deben regir el desempeño de quienes ejercen autoridad.

También destacó que el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres poblanas permite visibilizar su participación en la educación, la cultura, la ciencia, la actividad productiva y la defensa de los derechos sociales.

Con este posicionamiento, Alejandro Armenta respaldó una reforma construida de manera colectiva en el Congreso y reafirmó la obligación del Estado de fortalecer las garantías jurídicas para que las mujeres participen plenamente en la vida pública del país.