Julio César Cevallos Trueque, funcionario del ISSSTE Morelos, bajo investigación por fraude en dispositivos quirúrgicos reutilizados

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Morelos enfrenta un nuevo escándalo que pone en entredicho la ética y transparencia de su operación interna. Julio César Cevallos Trueque, encargado de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Morelos, es señalado por presuntamente haber defraudado a la institución entre enero y junio de 2025, al vender dispositivos quirúrgicos reutilizados como si fueran nuevos.

De acuerdo con los reportes, Cevallos Trueque habría establecido acuerdos irregulares con proveedores para recibir fijadores metálicos —dispositivos utilizados para estabilizar huesos durante cirugías— que ya habían sido usados, y facturarlos como equipos nuevos. Esta práctica constituye una grave violación a los protocolos de esterilización médica y un riesgo directo para la salud de los pacientes.

Los informes señalan que el fraude involucraría al menos 15 casos detectados. Cada fijador tiene un valor aproximado de 35 mil pesos, por lo que el monto total del daño al erario ascendería a 525 mil pesos. Además, se presume la participación de otros médicos, quienes entregaban los dispositivos usados al funcionario, quien a su vez los devolvía a la empresa proveedora para su refacturación simulada.

El esquema de corrupción, actualmente investigado por oficinas centrales del ISSSTE, expone un patrón de malas prácticas administrativas y colusión entre personal médico y proveedores. Este tipo de acciones no solo vulnera la confianza pública en la institución, sino que representa un atentado a la seguridad sanitaria de miles de derechohabientes.

Fuentes internas indicaron que el caso ha sido catalogado como una de las violaciones más graves a los protocolos hospitalarios, pues reutilizar material quirúrgico compromete la esterilidad, incrementa los riesgos de infección y desacredita los principios básicos de la medicina pública.

El ISSSTE deberá determinar las sanciones administrativas y penales correspondientes para todos los involucrados, con el objetivo de garantizar que la corrupción y el lucro con recursos públicos no queden impunes. Este caso reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de supervisión, auditoría y control médico dentro de las instituciones públicas de salud.