Fraude y falsificación: los crímenes de la familia Díaz Villar

El fraude que han padecido al menos ocho familias poblanas a manos de la familia Díaz Villar no se limita a un engaño económico. Los testimonios recopilados por este medio revelan un patrón de delitos que podrían tipificarse como fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, configurando un caso con amplias implicaciones legales.

Por Ana María Martínez

El fraude como punto de partida

Luis Alberto y Juan Carlos Díaz Villar, junto con su madre, María Celia Villar, recurrieron durante meses a solicitar préstamos bajo la promesa de pagar tras la venta de una supuesta bodega heredada. En cada transacción ofrecieron como garantía automóviles y propiedades que en realidad nunca les pertenecieron.

El artículo 403 del Código Penal de Puebla establece que comete fraude quien, “engañando a una persona o aprovechándose del error en que ésta se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”. Las conductas descritas por las víctimas encajan en este supuesto: el dinero fue entregado bajo engaño, respaldado con bienes ficticios.

Falsificación de documentos y simulación de garantías

Uno de los elementos más graves es la presunta falsificación documental. En varias ocasiones, los Díaz Villar entregaron pagarés y cheques sin fondos, además de asegurar que poseían facturas de vehículos como un Versa 2001, una Tiguan 2020 y una Audi Q3 2022. Las víctimas denuncian que dichos documentos eran falsos o inexistentes.

El artículo 270 del mismo Código sanciona a quien “falsifique, altere o haga uso de un documento falso con el propósito de obtener un beneficio indebido”. En este caso, las supuestas facturas y títulos de propiedad inexistentes constituyen un agravante que eleva la responsabilidad penal de los acusados.

Abuso de confianza: la otra cara del delito

Los afectados coinciden en un punto: confiaron en los defraudadores porque mantenían con ellos una relación de amistad de más de 20 años. Bajo esta circunstancia, también se configura el delito de abuso de confianza, previsto en el artículo 407, que sanciona a quien, “aprovechándose de la confianza que en él se deposita, dispone para sí o para otro de cualquier bien recibido en administración o custodia”.

En este caso, la familia Díaz Villar no solo defraudó económicamente, sino que explotó la credibilidad y los lazos sociales que habían tejido durante décadas en el fraccionamiento Club de Golf Las Fuentes.

El testimonio de una víctima

Uno de los afectados narró cómo en cuestión de semanas los préstamos escalaron de 150 mil pesos hasta superar los 600 mil. Cada entrega de dinero estuvo respaldada por cheques sin fondo y la promesa de automóviles que jamás se entregaron.

“Cuando les pedí las garantías, se burlaron y me dijeron que esos autos nunca fueron suyos”, relata indignado. El caso no solo refleja el daño económico, sino el desgaste emocional de haber sido engañado por quienes consideraba amigos cercanos.

Implicaciones legales y próximas acciones

De acuerdo con especialistas consultados, las víctimas podrían interponer denuncias acumuladas por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza, lo que derivaría en sanciones que van desde penas de prisión de 3 a 12 años, según los artículos antes mencionados, hasta la obligación de reparar el daño patrimonial.

Actualmente, tres de las familias analizan la vía jurídica para presentar una denuncia conjunta, mientras que otras intentan recuperar el dinero directamente. La acumulación de casos permitiría a la Fiscalía acreditar el carácter sistemático y reiterado del fraude, un factor que podría agravar las penas.

Un caso que puede sentar precedente

El fraude de los Díaz Villar trasciende el ámbito privado. Si llega a tribunales, podría convertirse en un caso emblemático en Puebla sobre cómo la confianza, los vínculos sociales y la falsificación documental se utilizan como armas para despojar a las personas de su patrimonio.

Mientras tanto, las víctimas insisten en que su testimonio debe servir como advertencia. “No queremos que más familias caigan en la trampa. Esto no es un simple préstamo incumplido: es un delito que debe castigarse conforme a la ley”, concluye uno de los afectados.