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Ceballos Trujeque: los delitos que podrían llevar al exfuncionario del ISSSTE a la cárcel

 Las acusaciones contra Julio César Ceballos Trujeque, exsubdelegado médico del ISSSTE en Morelos, ya no son simples señalamientos administrativos: constituyen un entramado de posibles delitos federales y estatales que podrían llevarlo a prisión por más de una década.


Durante su gestión, Ceballos Trujeque habría participado en un esquema de fraude institucional y peculado, al facturar como nuevos dispositivos quirúrgicos reutilizados y desviar insumos del ISSSTE hacia su consultorio privado, ubicado en Constituyentes 180, colonia Centro, Cuautla, Morelos. Este desfalco, estimado en más de 500 mil pesos, violaría la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley del ISSSTE y el Código Penal Federal.


El peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal, castiga al servidor público que utiliza bienes o recursos del Estado para beneficio propio con penas de 2 a 14 años de prisión, además de multas económicas e inhabilitación por hasta 10 años. A ello se suma el delito de abuso de autoridad, sancionado por el artículo 214 del mismo código, que puede incrementar la condena cuando existe daño al erario o beneficio personal.


En el ámbito médico, las denuncias ciudadanas contra su consultorio revelan posibles actos de negligencia profesional, regulados por la Ley General de Salud y el Código Penal del Estado de Morelos, que establecen sanciones de hasta 5 años de cárcel y suspensión definitiva del ejercicio profesional. Las reseñas públicas lo señalan por maltrato, diagnósticos erróneos y omisiones graves, incluyendo un caso en el que una paciente habría perdido la vida por un diagnóstico tardío de peritonitis.


Si las investigaciones en curso confirman los hechos, Ceballos Trujeque enfrentaría un panorama judicial severo: hasta 19 años de prisión combinada, pérdida de derechos profesionales y civiles, y una inhabilitación total del servicio público. Su caso se ha convertido en un referente de cómo la corrupción médica y la falta de ética pueden derivar no solo en escándalos mediáticos, sino en consecuencias penales de largo alcance.

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