El poder de los jueces: judicialización de la política y reformas judiciales

El 1 de junio de 2025, México se convirtió en el primer país del mundo en elegir por voto popular a todos los integrantes de su Suprema Corte, además de cientos de jueces y magistrados federales. La reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y concretada bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, se presentó como una forma de democratizar un Poder Judicial al que se acusaba de corrupción y de proteger a las élites. Sus críticos la vieron como un intento de subordinar a los jueces al partido gobernante. La participación fue de alrededor del 13 %. La nueva Corte, con nueve ministros, asumió en septiembre de 2025.

El caso mexicano forma parte de un fenómeno global: la creciente centralidad de los tribunales en la vida política. El politólogo canadiense Ran Hirschl acuñó el término "juristocracia" para describir cómo, desde finales del siglo XX, muchas decisiones que antes tomaban los parlamentos, sobre derechos, elecciones, presupuesto o identidad nacional, han pasado a resolverse en las cortes constitucionales. En América Latina se habla de "judicialización de la política" y, en su versión más polémica, de "lawfare", el uso de los tribunales como arma contra adversarios políticos.

Este poder creciente ha convertido a los jueces en objetivo. En Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS), que gobernó entre 2015 y 2023, reformó el Tribunal Constitucional y el sistema de nombramientos judiciales, lo que llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dictaminar que se violaba la independencia judicial y a Bruselas a congelar fondos europeos. En Israel, el gobierno de Benjamin Netanyahu impulsó en 2023 una reforma para limitar la capacidad del Tribunal Supremo de anular decisiones gubernamentales, que provocó algunas de las mayores protestas de la historia del país; el propio tribunal anuló en enero de 2024 una de sus piezas centrales. En Hungría, el gobierno de Viktor Orbán remodeló el sistema judicial a lo largo de una década. Los defensores de estas reformas argumentan que corrigen el poder excesivo de jueces no elegidos; sus detractores, que desmantelan los contrapesos que protegen a las minorías.

El debate tiene dos caras legítimas. Por un lado, existe una preocupación democrática real: jueces que nadie elige toman decisiones con enorme impacto político, a veces con escasa transparencia, y pueden representar los intereses de una élite. En varios países, la corrupción judicial y la impunidad son problemas documentados. Por otro lado, la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de derecho: un tribunal que depende del gobierno difícilmente puede protegerlo de sus propios abusos o garantizar elecciones limpias. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la relatoría de la ONU sobre independencia judicial han advertido que elegir jueces por voto popular puede exponerlos a presiones partidistas y financieras.

Entre ambos extremos hay modelos intermedios. Algunos países combinan nombramientos parlamentarios con mayorías amplias que obligan a pactar entre partidos, concursos públicos de méritos o mandatos largos y no renovables para reducir la dependencia política. Estados Unidos, donde los presidentes nombran a jueces vitalicios del Tribunal Supremo, muestra a su vez cómo un tribunal puede quedar en el centro de la polarización, con decisiones como la que en 2022 eliminó el derecho federal al aborto.

La pregunta de fondo es quién vigila a los vigilantes. Un poder judicial sin controles puede volverse arbitrario. Un poder judicial controlado por el gobierno deja de ser un control. Encontrar el equilibrio entre legitimidad democrática e independencia es uno de los grandes desafíos institucionales de esta época, y el experimento mexicano será observado con atención en todo el mundo.

Fuentes: Instituto Nacional Electoral (México); Hirschl, Towards Juristocracy (2004); Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Comisión de Venecia del Consejo de Europa; Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados; Tribunal Supremo de Israel (sentencia de enero de 2024).