La pena de muerte en el siglo XXI: más países la abolen, pero las ejecuciones se disparan

En mayo de 2026, Amnistía Internacional publicó su informe anual sobre la pena de muerte con un dato alarmante: en 2025 se registraron al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, un 78 % más que el año anterior y la cifra más alta desde 1981. La paradoja es que esto ocurre mientras la abolición sigue avanzando. Hoy, 113 países han eliminado por completo la pena capital en su legislación, y 145 la han abolido en la ley o en la práctica. El debate sobre si un Estado puede quitar la vida a una persona como castigo sigue abierto, pero el mapa del mundo cuenta una historia de concentración: cada vez menos países ejecutan, y los que lo hacen, ejecutan más.

El aumento se explica sobre todo por un país. Irán llevó a cabo al menos 2.159 ejecuciones en 2025, casi el 80 % del total registrado. Le siguieron Arabia Saudita, con al menos 356, Yemen y Estados Unidos, donde se realizaron 47 ejecuciones en 11 estados, la mayor cifra desde 2009, 19 de ellas en Florida. Las cifras no incluyen a China, que según Amnistía ejecuta a miles de personas al año pero clasifica esos datos como secreto de Estado, ni a Vietnam o Corea del Norte. Casi la mitad de las ejecuciones conocidas, 1.257, fueron por delitos de drogas, una práctica que el derecho internacional considera ilegal porque esos delitos no alcanzan el umbral de "los más graves" que exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los defensores de la pena de muerte esgrimen varios argumentos. El más intuitivo es la justicia retributiva: ciertos crímenes, como el asesinato múltiple o el terrorismo, serían tan graves que solo la muerte del culpable constituiría un castigo proporcional. Otro es la disuasión: la amenaza de la pena capital evitaría crímenes futuros. También se apela a la protección de la sociedad y al respeto por las víctimas y sus familias. En varios países, incluidos algunos de América Latina, encuestas periódicas muestran mayorías favorables a reinstaurarla para delitos especialmente atroces.

Los abolicionistas responden con evidencia y principios. Sobre la disuasión, el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos concluyó en 2012 que los estudios disponibles no permiten afirmar que la pena de muerte reduzca los homicidios más que la cadena perpetua. Sobre el error judicial, el Centro de Información sobre la Pena de Muerte registra en Estados Unidos alrededor de 200 personas exoneradas tras haber sido condenadas a muerte desde 1973. Una ejecución, a diferencia de una pena de prisión, no puede revertirse. Además, numerosos estudios muestran que su aplicación es desigual: recae con más frecuencia sobre personas pobres, minorías étnicas o extranjeros sin una defensa adecuada. Y en algunos países se utiliza contra disidentes políticos o manifestantes.

El debate tiene también una dimensión filosófica. Para unos, el Estado tiene legitimidad para imponer el castigo máximo en nombre de la sociedad. Para otros, la dignidad humana es inviolable incluso en el peor de los criminales, y un Estado que mata reproduce la violencia que dice combatir. Organismos como la ONU promueven desde 2007 resoluciones periódicas a favor de una moratoria universal, que cada vez reúnen más votos.

Lo que los datos muestran es una tendencia a dos velocidades. En buena parte del mundo, la pena de muerte se ha vuelto una reliquia jurídica. En un puñado de países, en cambio, se ha convertido en una herramienta de control cada vez más utilizada. La pregunta de fondo sigue siendo la misma que hace dos siglos: si la justicia puede, o debe, incluir el poder de matar.

Fuentes: Amnistía Internacional, Condenas a muerte y ejecuciones 2025 (mayo de 2026); Death Penalty Information Center; National Research Council, Deterrence and the Death Penalty (2012); Asamblea General de la ONU (resoluciones sobre moratoria); JURIST.