Trabajo sexual: ¿prohibir, legalizar o despenalizar?

El 1 de diciembre de 2024, Bélgica se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el trabajo sexual como un empleo con contrato laboral completo. La ley, aprobada en mayo de ese año, otorga a quienes ejercen la prostitución el derecho a seguro médico, pensión, baja por maternidad y vacaciones pagadas, y les permite rechazar clientes o actos concretos sin consecuencias. Dos años antes, en 2022, el país había despenalizado la actividad. En el otro extremo, Francia castiga desde 2016 a quienes pagan por sexo, y en julio de 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló esa ley frente a una demanda de 261 trabajadoras sexuales. Pocas cuestiones dividen tanto a los gobiernos, a los movimientos feministas y a las organizaciones de derechos humanos.

Existen, a grandes rasgos, cuatro modelos. El prohibicionista castiga a todas las partes, incluidas las personas que venden servicios sexuales, como ocurre en la mayor parte de Estados Unidos. El abolicionista o "modelo nórdico", adoptado por Suecia en 1999 y después por Noruega, Islandia, Francia, Irlanda e Israel, despenaliza a quien ejerce la prostitución, pero castiga al cliente y al proxeneta, con el objetivo de reducir la demanda. El reglamentarista legaliza la actividad bajo licencias, registros y controles sanitarios, como en Alemania desde 2002 o en los Países Bajos desde 2000. Y el de despenalización, cuyo referente es Nueva Zelanda desde 2003, elimina las sanciones penales y regula el trabajo sexual como cualquier otra actividad laboral. En América Latina conviven varios enfoques: Uruguay regula la actividad desde 2002, y en la Ciudad de México una sentencia de 2014 reconoció a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas.

Los defensores del modelo nórdico parten de una premisa: la prostitución es una forma de violencia y explotación, sobre todo contra mujeres pobres y migrantes, y está estrechamente ligada a la trata de personas. Castigar al comprador, sostienen, ataca la raíz del problema sin criminalizar a las víctimas. Una evaluación oficial del gobierno sueco de 2010 concluyó que la prostitución callejera se había reducido a la mitad desde la aprobación de la ley. El Parlamento Europeo aprobó en 2023 una resolución que recomienda este enfoque a los Estados miembros.

Quienes defienden la despenalización, entre ellos Amnistía Internacional desde 2016, numerosas organizaciones de trabajadoras sexuales y parte de la comunidad médica, responden que penalizar al cliente empuja la actividad a la clandestinidad, la vuelve más peligrosa y dificulta que las personas denuncien abusos o negocien el uso del preservativo. Varios estudios realizados en Francia tras la ley de 2016 reportaron más precariedad y violencia. Argumentan además que tratar a todas las personas que ejercen la prostitución como víctimas niega la autonomía de quienes eligen esa actividad.

La legalización al estilo alemán tampoco convence a muchos. Sus críticos señalan que creó una gran industria de burdeles, que una minoría de trabajadoras se registra y que no ha frenado la trata. Sus defensores replican que el problema está en la aplicación, no en el principio.

La evidencia empírica es difícil de reunir, porque la actividad es en buena parte oculta y los datos sobre trata son poco fiables. Por eso el debate se apoya tanto en valores como en cifras: si la prostitución puede ser un trabajo libremente elegido o es siempre una forma de explotación. Entre ambos polos, casi todos coinciden en dos objetivos: combatir la trata y proteger la seguridad y los derechos de quienes están en la industria. Lo que no está claro es qué ley los cumple mejor.